Rebelión contra el recorte educativo

La educación que políticos de todo signo enarbolan como salvavidas de la crisis no se libra de recortes. El curso pasado fueron los sueldos, las becas, la formación del profesorado o las actividades extraescolares las que sufrieron un tijeretazo de más de 2.000 millones de euros en toda España. El que comienza dentro de una decena de días —la fecha varía en función de la comunidad— llegará con tajos en los presupuestos de casi todas las consejerías de educación. El profesorado de cuatro autonomías —Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Navarra— está en pie de guerra por el recorte de las plantillas y el aumento de horas lectivas. Y también padres y directores, que creen que se resentirá la calidad de una enseñanza, que ya soporta una tasa de fracaso escolar que supera el 30% y queda siempre por detrás del puesto 30 en todos los Informe Pisa, a la altura de Turquía.

No ha comenzado el curso y ya hay convocadas huelgas y días de brazos cruzados, los sindicatos planean manifestaciones de ámbito nacional y existen amenazas de dimisión de directores de institutos. El profesorado, más allá de una queja laboral, argumenta que esta forma de recorte, la que les hace dar más clase por el mismo sueldo o por un pequeño plus, merma la calidad de la enseñanza y no les permite dedicar tiempo suficiente a labores organizativas, a preparación de clases y a atención a los alumnos.

La Xunta de Galicia inició esta senda cuando en junio pasado anunció que los maestros pasarían de tener 21 a 25 horas lectivas —que no laborales, estas ascienden a 37,5, aproximadamente igual que en toda España— por semana. Iniciativas similares han prendido en otras comunidades con gobierno conservador. En julio se sumaron Madrid y Navarra y ayer Castilla-La Mancha con un anuncio de su presidenta, María Dolores de Cospedal, que va a aumentar dos horas semanales. Pretende ahorrar 28 millones suprimiendo centros de formación de profesores y otros 111 millones en personal.

La medida tiene un efecto sobre el empleo, que es precisamente de donde viene el ahorro. Las horas extra que dan los funcionarios no las tienen que impartir los interinos. La Consejería de Educación madrileña calcula un gasto de 80 millones de euros menos gracias al recorte de dos horas lectivas y la supresión de una hora semanal de tutoría con los alumnos y otra en la que los docentes responsables de cada clase se reunían para poner en común la evolución educativa y a planificar. Vía: El País.