Los afectados en las oposiciones de Educación Infantil en Las Palmas piden que se mantengan los aprobados
Más de un centenar de afectados por las oposiciones para maestros de Educación Infantil que fueron suspendidas tras su celebración se sumaron hoy en Gran Canaria a la demanda de que la Consejería autonómica del sector mantenga en sus plazas a los aprobados y vuelva a examinar al resto.
Una demanda que, como solución a una suspensión que se considera producto de "la ineptitud y la negligencia de la Consejería", se planteó inicialmente el pasado lunes en Tenerife, en una primera asamblea de afectados convocada por el sindicato STEC a la que hoy siguió otra de similares c
aracterísticas en Gran Canaria, según explicó su dirigente Fernando Pellicer.
Éste recalcó que el STEC (Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza de Canarias) ha querido en este caso encabezar la defensa de cientos de educadores cuyo "trabajo y esfuerzo ha puesto en peligro la Consejería con su ineptitud y negligencia".
Como solución, recordó que lo decidido el lunes en Tenerife, y corroborado hoy en Gran Canaria, ha sido demandar a la Administración que, "dando una solución extraordinaria a una situación extraordinaria", no deje sin su plaza a los aprobados de la convocatoria ahora suspendida, 275 en total, y, al tiempo, haga nuevas pruebas para adjudicar 275 puestos más.
A ellas se presentarían los "suspendidos irregulares" de la convocatoria inicial, a fin subsanar "la injusticia flagrante" cometida con ellos, declaró Pellicer.
El dirigente del STEC subrayó, además, que el sindicato considera que en el Gobierno de Canarias se deben también, al tiempo, asumir responsabilidades políticas.
A ese respecto apuntó, en concreto, al director general de Personal, José Manuel Hernández, de quien opinó que "es inconcebible que siga ocupando de nuevo el puesto en la nueva legislatura, después de que es el principal responsable de lo ocurrido".
Su continuidad es aún más cuestionable en la medida en que el propio director general "amenaza con expedientar a los responsables de los tribunales por no hacer bien su trabajo de fiscalización de las pruebas, cuando él debía haberse encargado de controlar el trabajo de todos ellos", añadió.
Las peticiones concretas que el STEC planteará en cuanto a este conflicto, que podrían rebasar los ámbitos laboral y político y llegar también al jurídico, en caso de que se considere conveniente, no se definirán, en cualquier caso, hasta el sábado, en una reunión del Secretariado Nacional del sindicato, matizó Pellicer.
Una demanda que, como solución a una suspensión que se considera producto de "la ineptitud y la negligencia de la Consejería", se planteó inicialmente el pasado lunes en Tenerife, en una primera asamblea de afectados convocada por el sindicato STEC a la que hoy siguió otra de similares c
aracterísticas en Gran Canaria, según explicó su dirigente Fernando Pellicer.Éste recalcó que el STEC (Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza de Canarias) ha querido en este caso encabezar la defensa de cientos de educadores cuyo "trabajo y esfuerzo ha puesto en peligro la Consejería con su ineptitud y negligencia".
Como solución, recordó que lo decidido el lunes en Tenerife, y corroborado hoy en Gran Canaria, ha sido demandar a la Administración que, "dando una solución extraordinaria a una situación extraordinaria", no deje sin su plaza a los aprobados de la convocatoria ahora suspendida, 275 en total, y, al tiempo, haga nuevas pruebas para adjudicar 275 puestos más.
A ellas se presentarían los "suspendidos irregulares" de la convocatoria inicial, a fin subsanar "la injusticia flagrante" cometida con ellos, declaró Pellicer.
El dirigente del STEC subrayó, además, que el sindicato considera que en el Gobierno de Canarias se deben también, al tiempo, asumir responsabilidades políticas.
A ese respecto apuntó, en concreto, al director general de Personal, José Manuel Hernández, de quien opinó que "es inconcebible que siga ocupando de nuevo el puesto en la nueva legislatura, después de que es el principal responsable de lo ocurrido".
Su continuidad es aún más cuestionable en la medida en que el propio director general "amenaza con expedientar a los responsables de los tribunales por no hacer bien su trabajo de fiscalización de las pruebas, cuando él debía haberse encargado de controlar el trabajo de todos ellos", añadió.
Las peticiones concretas que el STEC planteará en cuanto a este conflicto, que podrían rebasar los ámbitos laboral y político y llegar también al jurídico, en caso de que se considere conveniente, no se definirán, en cualquier caso, hasta el sábado, en una reunión del Secretariado Nacional del sindicato, matizó Pellicer.
Vía: Canarias7
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